Prof. Enrique Solano Reina, Catedrático de Ortodoncia de la Universidad de Sevilla.
Director del Máster de Ortodoncia con acreditación NEBEOP. Director Académico de Instituto IDEO.
Miembro diplomado de SEDO y Presidente de la
Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas.
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FUENTE ORIGINAL DE LA PUBLICACIÓN
Revista Maxillaris – Junio 2021 Número 257
Quiero agradecer a Maxillaris que me haya ofrecido el escribir este editorial con un tema tan actual, a la vez que candente, para nuestra profesión. Opinión que voy a expresar desde mi papel como docente y formador a la vez que estomatólogo.
En estos momentos, España es el único país de la Unión Europea que no cuenta con un reconocimiento oficial para sus especialidades odontológicas y, por ende, de la Ortodoncia, a pesar de que el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos, las Sociedades Científicas (SEDO y AESOR) y el conjunto de las Universidades españolas lo llevan solicitando desde hace más de 20 años al Ministerio de Sanidad. Y ahora más que nunca lo deben hacer como
interlocutores que son de las sensibilidades del conjunto de los odontólogos y estomatólogos para acceder a la especialidad.
No fue hasta el 2017, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, cuando se acordó desvincular las nuevas especialidades de la troncalidad, hecho que se produjo mediante su derogación, para apostar por su desarrollo independiente a través de sus propios Reales Decretos. Y es justo aquí donde nos encontramos, con la puesta en marcha por el Ministerio del proyecto de Real Decreto, por el que se regula “la formación transversal de las
especialidades en ciencias de la salud”, donde se conceptualizan y se ponen los requisitos para aplicar una nueva Especialidad o Áreas de Capacitación Específicas (ACEs), así como el tipo de pruebas anuales de acceso a plazas de formación.
El Ministerio de Sanidad ha dado un trámite de audiencia a las alegaciones que ya han sido presentadas por nuestro Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos y responderá a ellas, realizando las modificaciones o enmiendas que considere enriquecedoras a las que aparecen en el RD, para finalmente ser aprobada por el Consejo de Estado, tras pasar por las diferentes comisiones oficiales.
Tenemos que partir de La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como la Directiva 2013/55/UE (posterior modificación), que establecen que la especialización debe durar como mínimo tres años a tiempo completo o tiempo parcial equivalente, con un contenido académico y clínico definido y debe realizarse en instituciones aprobadas por la autoridad
competente en cada país.
En el caso de la Ortodoncia, para equipararse al resto de la Unión Europea, debe tener oficializada la enseñanza de la especialidad a través del Proyecto Erasmus en un centro acreditado, tanto institucional como privado, y no necesariamente con vinculación universitaria y encauzar su reconocimiento por la NEBEOP (Network of Erasmus Based European Orthodontic Postgraduate Programmes).
Lo curioso de todo esto es que, en el borrador del RD, la especialización está planteada a través de un sistema de residencia en centros acreditados y la necesidad de esta práctica especializada en, al menos, 7 servicios autonómicos de salud y aceptada por la mayoría de las CCAA, cuestión a todas luces imposible de cumplir.
Y, para mayor abundamiento, debemos saber que la Universidad española tiene impedimentos normativos para que las especialidades se puedan realizar a través de una titulación universitaria, tal como recoge la LOPS.
A pesar de todo ello, estoy seguro de que el buen hacer de las partes implicadas y el interés común porque las Especialidades Odontológicas sean una realidad -tal como ya ocurre en toda Europa, en especial con la Cirugía Bucal, la Ortodoncia, la Periodoncia y la Odontopediatría, que tienen implantación casi en la totalidad de los estados miembros- nos llevará a buen puerto y sabrá conciliar lo que mayoritariamente es una actividad privada con la limitada presencia en el ámbito sanitario público, con un incremento y mayor cobertura de la Salud Bucodental de los Españoles, desde el ámbito de la especialización.
